Escándalo. Desde setiembre del año 2013 hasta noviembre del
2014 en la agencia de la provincia de Calca del Banco de la Nación, la cajera
Nelly Soto Quispe, realizó pagos a beneficiarios del Programa Juntos, quienes
ya habían fallecido, apropiándose presuntamente de S/. 12 mil 750, hecho que es
indagado por la Fiscalía Anticorrupción de Cusco que dispuso el inicio de la
investigación preliminar contra la denunciada.
El departamento de operaciones del Banco de la Nación,
advirtió a la jefatura del departamento de red de agencias, el 5 de febrero del
2015, mediante el memorándum 031-2015, sobre los cobros realizados por
beneficiarios del Programa Juntos, quienes ya habían fallecido.
A raíz de este documento, Alejandrina Marrón Cárdenas en
representación del Banco de la Nación, interpone en la Fiscalía Anticorrupción
de Cusco la denuncia penal contra la trabajadora de la entidad bancaria, Nelly
Soto Quispe, por el presunto delito contra la administración pública en su
modalidad de peculado doloso en agravio del Estado.
El fiscal Anticorrupción, Max Bengoa dispuso entonces el
inicio de investigación preliminar contra la denunciada por el delito de
peculado doloso y contra la fe pública en su modalidad de falsificación de
documentos y dio un plazo de 90 días para las diversas diligencias.
Según la denuncia, Nelly Soto habría efectuado 22 pagos
indebidos por la suma de s/. 12 mil 750.
El primer pago irregular se registró el 10 de setiembre del
2013, a Ricardo Mora Matto con DNI 4164513160 por el importe de S/. 500, pero
según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el
beneficiario del Programa Juntos falleció el 13 julio del 2013.
Similar situación se repite con Francisco Rupa Licona, quien
murió el 22 de mayo del 2013 pero cobró S/. 500 el 13 de setiembre del mismo año,
tres meses después de haber fallecido. Mientras tanto Felipe Santiago Bueno
Huanca cobró S/. 1250, el 19 de noviembre del 2013 pero había perecido el 25 de
junio de ese mismo año.
En la relación de personas muertas que cobraron después de
de dejar de existir se registra a: Ricardo Mora Matto, Francisco Rupa Licona,
Agustín Quiñones Cusi, Melchora Suares Lara, Felipe Santiago Bueno Huanca,
Domingo Ccompe Cusiquispe, Emiliana Panccahua Sisaya, Margarita Huamán
Gutiérrez, Mariano Jara Muñoz, Melchora Huaracca Huaracca, Mercedes Mariano
Navarrete Salazar, Mauricia Meza Quispe, Cirila Mamani Orccon, Agustín Puma
Chipana y Jesusa Manuttupa Tunqui. Algunos de ellos registran hasta dos cobros.
Asimismo en el resto de vouchers, aparecen firmas y nombres
distintos, llenados por los supuestos beneficiarios y se presume que estos
documentos fueron hechos por la denunciada, Nelly Soto, puesto que se hizo el
retiro del dinero y la cajera dio validez a los mismos.
También se presume que la investigada Soto Quispe, se habría
apropiado del dinero del programa social, destinado a personas adultas mayores
en pobreza y pobreza extrema.
Nelly Soto Quispe, fue citada por la Fiscalía Anticorrupción
de Cusco, para el 3 de junio a las 08:00 horas a fin de que declare su versión
sobre la denuncia en su contra; en caso no concurra a la citación se dispondrá
la conducción compulsiva por la Policía Nacional del Perú.
Asimismo se solicitó al Banco de la Nación la entrega de los
vouchers con los que se retiro el dinero para realizar la pericia grafotécnica
y dactiloscopia.
Así como las grabaciones de vídeo de la agencia del Banco de
la Nación Calca, para verificar si hubo otras personas involucradas en este
presunto hecho delictivo contra el Estado.
También fue citada por la Fiscalía Anticorrupción,
Alejandrina Marrón Cárdenas en su calidad de denunciante, al igual que José
Constantini Valderrama quién emitió el memorandum, dando cuenta sobre las
irregularidades detectadas en la agencia de Calca en el Banco de la Nación.
Los familiares de los beneficiarios del Programa Juntos, que
cobraron después de fallecidos, también acudirán al Ministerio Público, todo el
próximo 3 de junio.
Pero transcendió que a la servidora Nelly Soto se le inició
un proceso administrativo y continúa laborando en la agencia de Calca.
En febrero la Contraloría General de la República inició una
auditoría integral a los programas sociales Juntos y Pensión 65 a nivel
nacional. El Órgano Superior de Control basó su intervención sobre la base de
un detallado análisis de riesgos sustentado en la identificación de hechos
irregulares y denuncias.
FUENTE: DIARIO CORREO DEL CUSCO
No hay comentarios:
Publicar un comentario